La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios pretendió, al igual que la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, dotar de un instrumento que permitiera que los problemas relativos a los medicamentos fueran abordados por cuantos agentes sociales se vieran involucrados en su manejo, en la perspectiva del perfeccionamiento de la atención a la salud.

La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y los productos sanitarios, así como el conjunto de actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban y los utilicen de forma adecuada a sus necesidades clínicas y en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el período de tiempo adecuado, con la información necesaria para su correcto uso y al menor coste posible.

El trabajo que los farmacéuticos y otros profesionales sanitarios realizan en los procedimientos de atención farmacéutica tiene una importancia esencial ya que asegura la accesibilidad al medicamento ofreciendo, en coordinación con el médico, consejo sanitario, seguimiento farmacoterapéutico y apoyo profesional a los pacientes.

A través del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en relación a aspectos relacionados con la autorización, calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, prescripción, financiación y distribución, además de las relacionadas con el uso racional de medicamentos en el ámbito de atención primaria, hospitalaria y comunitaria.
 
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